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| Mercado de La Merced, en el Distrito Federal (México). / SAÚL RUIZ |
El debate sobre el salario mínimo se ha colado por las rendijas de la
abultada agenda política y económica de México. Al imponente arsenal de reformas
(fiscal, energética, bancaria, telecomunicaciones) lanzadas por el
Gobierno priista a final del año pasado hay que añadir ahora una bala
más. Los dos grandes partidos de la oposición, respaldados por recientes
estudios de organismo internacionales, han colocado el foco en la
política salarial de un país con 53 millones de pobres y una de las brechas por desigualdad de renta más grandes del mundo.
El sueldo mínimo que ingresa un trabajador en las zonas urbanas de
México, actualmente 67,29 pesos al día (cinco dólares), no llega ni
siquiera para cubrir sus necesidades básicas personales.
El primer golpe de raqueta lo dio el Gobierno del Distrito Federal en la simbólica fecha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,
defendió la necesidad de elevar el salario mínimo en México para
compensar su brutal caída durante los últimos 30 años. “De 1976 a 2014
los salarios se han reducido en un 71% a nivel nacional y en un 77% en
el DF”, señaló. Durante la década de los ochenta la mayoría de los
países latinoamericanos emprendieron duros recortes en la política
salarial para taponar la hemorragia de la inflación
que por entonces maltrataba a sus economías. Pero mientras socios de la
región como Argentina, Brasil, Uruguay o Ecuador han ido recuperando
lentamente los salarios, México los ha mantenido congelados e incluso
los ha rebajado en los últimos años.
La consecuencia de tanto adelgazamiento salarial es que México, la
segunda economía de Latinoamérica, ha caído al último puesto en la clasificación de la OCDE sobre los ingresos mínimos
que recibe un trabajador, por debajo de países como Estonia, República
Checa o Hungría. “Hay mucha gente que está en el mercado de trabajo pero
no logra el mínimo necesario para sustentar a su familia. Trabaja pero
es pobre. El salario mínimo no alcanza para la supervivencia de las
personas”, apunta Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
El organismo dependiente de la ONU subraya en un reciente estudio que
“México es el único país de la región donde el valor del salario mínimo
es inferior al del umbral de pobreza per cápita”.
La línea de la frontera con la pobreza está en los 1.225 pesos al mes
(94,5 dólares) para la Gobierno mexicano. Este es el precio que calcula
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
para una canasta de alimentos indispensables para satisfacer las
necesidades básicas de una persona. Este cálculo deja fuera artículos
como, por ejemplo, ropa, calzado, vivienda, muebles, gastos en salud,
transporte y educación. Unos costes adicionales que sí son incluidos en
otra medida de referencia, la llamada canasta ampliada,
valorada por el mismo organismo en 2.518 pesos mensuales (194 dólares).
Esta es la línea de bienestar mínimo que más se ajusta a los estándares
de los organismos internacionales. Un umbral que queda lejos, un 25%
menos, de los 2.018 pesos (162.5 dólares) de salario mínimo mexicano. Y
la distancia se agranda aún más si con ese sueldo hay cubrir las
necesidades de una familia. Para un hogar de, por ejemplo, cuatro
miembros, la línea estaría en los 10.072 pesos (777 dólares). Si trabaja
una sola persona en la familia, serían necesarios unos ingresos cinco
veces superiores al salario mínimo. Con dos trabajadores, harían falta
de 2,5 sueldos cada uno.
“El potencial de mercado de trabajo mexicano no está siendo
explotado. El país seguirá con altas tasas de pobreza porque casi la
mitad de sus trabajadores cobran menos de dos salario mínimos”, sostiene
Prado. Según las últimas estadísticas oficiales,
casi el 15% de los ocupados gana un sueldo mínimo o menos y el 41.5%
dos o menos. Ese porcentaje, que incluye al sector formal e informal, se
traduce en 22 millones de trabajadores para los que su sueldo no es
suficiente.
“Nadie está satisfecho. Pero hay que preguntarse quiénes son
realmente los trabajadores que efectivamente cobran ese salario mínimo”,
señala Basilio González Núñez, presidente el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami),
el órgano compuesto por Gobierno, patronal y sindicatos responsable de
subir o bajarlos cada año. González Nuñez subraya la importancia de
afinar más los datos estadísticos ya que solo considera que sean
preceptores del salario mínimo aquellos trabajadores del sector formal.
Del total de 50 millones de ocupados registrados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
el 42% está dentro del sistema. Y de este grupo, sólo 1.103 millones de
trabajadores cobran el sueldo mínimo, un 3,3% del total de asalariados
en México.
El mayor de los obstáculos para una subida salarial es su vinculación
con una infinidad de referencias económicas que se verían afectadas en
caso de un cambio de salarios. Es decir, si el aumenta el sueldo mínimo,
también lo harían, por ejemplo, las pensiones, el subsidio de
desempleo, tarifas públicas, multas de tráfico o los créditos para la
compra de una vivienda que concede la entidad pública Infonavit. Hasta 149 normas federales están vinculadas al salario mínimo.
Una nueva y titánica tarea legislativa para México, que tiene como
espejos donde mirarse a varios países sudamericanos. Uruguay creó en
2005 una nueva unidad de cuenta para las prestaciones sociales y los
impuestos. Al liberarse de esa pesada carga, los salarios mínimos
aumentaron, acompañando el crecimiento del PIB y una moderada creación
de empleo. “No ha tenido efectos negativos en la contratación y sin
embargo si ha influido muy positivamente en la distribución de la
renta”, señala María José González, economista del Observatorio Ministerio del Trabajo Uruguay.
El debate ya está en marcha. El Gobierno del Distrito Federal, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD),
prepara un informe que presentará al Gobierno federal para que el
salario se aumente en 20 pesos a partir del próximo año e ir
incrementándolo paulatinamente durante una década hasta alcanzar el
coste de la cesta ampliada. En el otro lado del espectro político, el Partido Acción Nacional (PAN)
propone llevar el tema a una consulta popular en junio próximo
coincidiendo con las elecciones para renovar la Cámara de Diputados.
